La transición energética no ocurre por inercia. Requiere visión a largo plazo, inversión sostenida, innovación tecnológica y, sobre todo, un marco regulatorio claro, amplio y alcanzable que permita a las energías renovables y limpias que avancen de manera constante y eficiente.
La regulación no es un obstáculo en sí misma. Por el contrario, cuando está bien diseñada, se convierte en un habilitador poderoso del desarrollo. Un conjunto de reglas claras, predecibles y técnicamente sólidas reduce la incertidumbre, genera confianza y permite que los distintos actores, públicos y privados, inviertan, innoven y colaboren con una perspectiva a largo plazo.
Las entidades del sector público y las instituciones normativas tienen un papel central que asumir, no sólo como árbitros que vigilan el cumplimiento de las reglas, sino como facilitadores de la suficiencia energética con seguridad y confiabilidad. Su responsabilidad es garantizar que el sistema eléctrico funcione de manera robusta, resiliente y equitativa, al tiempo que crean las condiciones para incorporar más generación limpia y distribuida, almacenamiento, eficiencia energética y nuevas tecnologías.
Sabemos que la regulación es necesaria. Debe haber controles que aseguren el cumplimiento de las obligaciones, la estabilidad del sistema y la protección del interés público. Pero esa misma regulación también debe respetar derechos, promover la competencia leal, incentivar la innovación y garantizar justicia en el acceso a la energía.
En un contexto de cambio climático, crecimiento de la demanda y transformación tecnológica acelerada, regular no es frenar, es orientar. El desafío no es tener más normas, sino que sean mejores. Normas que acompañen la transición energética, que evolucionen con ella y que permitan avanzar, sin retrocesos, hacia un sistema energético más limpio, seguro y sostenible.
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