El estrecho de Ormuz es una franja de agua de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, pero por él pasa el 20% del petróleo que consume el planeta. Cuando ese paso se tensa, el precio del barril de petróleo sube en cualquier gasolinera del mundo y el crecimiento de los países se resiente. Hoy, Irán y Estados Unidos vuelven a jugar al pulso en esa arteria, y el derecho internacional asiste impotente a la función.
Pero, ¿qué dice el derecho internacional sobre el mar? La Convención de la ONU de 1982, ratificada por más de 160 países, establece en sus artículos 37 a 44 el llamado “derecho de paso en tránsito”; esto quiere decir que cualquier barco, sea petrolero o mercante, puede cruzar el estrecho de forma rápida y continua sin pedir permiso a Irán u Omán, los países ribereños. Estos no pueden obstaculizar el paso, ni cobrar peaje, ni obligar a desviarse. La regla es clara, Ormuz es una autopista internacional abierta 24/7.
Sin embargo, Irán ha incautado petroleros, realizado maniobras militares y amenazado con cerrar el grifo. Sus argumentos de seguridad nacional no justifican jurídicamente esas acciones y el artículo 44 de la convención es tajante al mencionar que los estados ribereños no pueden impedir el paso en tránsito; por tanto, desde el derecho internacional, la conducta iraní es ilegal. Pero también lo son las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos que asfixian la economía iraní.
¿Y qué pasa cuando alguien viola la ley? En teoría, los países afectados pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia o al Consejo de Seguridad de la ONU, pero en la práctica, Rusia y China tienen derecho de veto y siempre protegen a Irán. De la misma forma sucede con Estados Unidos al utilizarlo para que sus acciones no tengan responsabilidad alguna. Una resolución para garantizar la libertad de navegación fue vetada hace pocas semanas. El derecho internacional se encuentra sin dientes para morder a los poderosos, se queda en papel mojado.
El impacto global es brutal. Si Ormuz se cierra del todo, el precio del petróleo se dispararía aún más, lo que significa gasolina más cara para los camiones que llevan comida, electricidad más cara para las industrias e inflación para todos. Las potencias pueden aguantar esta crisis con sus reservas estratégicas, pero los países en vías de desarrollo ven frenado su crecimiento, se empobrecen y sufren. La energía sigue siendo el verdadero motor del desarrollo y, sin ella, las economías se paralizan.
La lección final es dura: el derecho internacional existe, tiene normas claras, pero sólo funciona cuando las grandes potencias quieren que funcione. El estrecho de Ormuz demuestra que el valor de la energía pesa más que cualquier tratado. Mientras el mundo no diversifique sus fuentes de energía y no fortalezca instituciones globales con poder real, este estrecho seguirá siendo el cuello de botella por donde pasa, cada día, la respiración de la economía mundial.
Mientras tanto, el estrecho sigue ahí, angosto y voraz, recordándonos una verdad que preferimos ignorar, la civilización del petróleo no ha construido un sistema jurídico internacional a su altura, sino una jaula de papel donde los más fuertes rompen los barrotes cuando les conviene. La pregunta no es si Irán o Estados Unidos viola o no el derecho internacional, la pregunta es por qué seguimos llamando “derecho internacional” a algo que se dobla ante el primer barril de crudo o los intereses de un sólo país en desmedro de la comunidad internacional.