Lograr una transición energética justa, equitativa y sostenible, que limite el calentamiento a 1.5 °C y proteja la salud de las comunidades y ecosistemas, exige una acción coordinada. Esto implica no sólo masificar las energías renovables, sino también eliminar gradualmente la producción y el consumo de combustibles fósiles. Para ello, es imperativo reformar los sistemas económicos que perpetúan esta dependencia —como los subsidios a los derivados del petróleo— y movilizar financiamiento suficiente, libre de deuda y basado en una distribución equitativa de las cargas.
La disparidad entre el apoyo gubernamental a los combustibles fósiles y los incentivos a las energías renovables en América Latina y el Caribe (ALC) evidencia una brecha crítica. Esta asimetría explica por qué la reforma de dichos esquemas debe ser hoy un pilar central en la agenda de transición energética regional.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, los subsidios energéticos en la región alcanzaron aproximadamente el 0.7% del PIB regional durante el periodo 2021-2022. Este apoyo directo para reducir los precios al consumidor ascendió a unos 43,460 millones de dólares, destinados mayoritariamente al consumo de gas natural.
A pesar de que ALC es líder mundial en la participación de fuentes limpias, el flujo de financiamiento público para éstas es significativamente inferior: el apoyo a los combustibles fósiles es casi tres veces superior al otorgado a las energías renovables. Esta inversión resulta ineficiente si se considera que, sólo en 2024, las renovables evitaron costos de combustible por 467,000 millones de dólares a nivel global, demostrando una rentabilidad económica muy superior frente al gasto en subsidios.
La CEPAL y el BID coinciden en que redirigir estos recursos liberaría un espacio fiscal masivo.Si tan sólo una fracción de esos 43,000 millones de dólares se movilizara hacia la electrificación del transporte o la generación comunitaria, la transición regional se aceleraría drásticamente sin incrementar la deuda pública. Además, esto beneficiaría directamente al 85% de la población latinoamericana que depende del transporte público para su movilidad diaria.
La reducción de los subsidios fósiles debe ejecutarse de manera gradual, focalizada y transparente para mitigar impactos negativos en las poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Este proceso debe integrarse con un llamado firme a las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, para que cesen el financiamiento de nuevos proyectos fósiles.
Para nivelar las reglas del juego frente a la inversión en energía sostenible, se requiere que los Estados eliminen los beneficios fiscales de las industrias extractivas, como la deducibilidad de regalías, y apliquen impuestos a las ganancias que estas compañías generan. En paralelo, las empresas del sector hidrocarburos deben asumir sus responsabilidades ambientales y financiar la restauración completa de los territorios que se ven afectados por sus actividades.
Eliminar los subsidios directos e indirectos no sólo debe buscar el fortalecimiento de la infraestructura para la electrificación y la eficiencia energética, sino también garantizar la protección social. Los recursos liberados deben destinarse a la creación de fondos que aseguren la estabilidad económica de los trabajadores durante la reconversión laboral.
Finalmente, este cambio debe acompañarse de planes de diversificación económica en regiones dependientes de los combustibles fósiles. Al promover la gobernanza comunitaria y garantizar la participación vinculante en todas las fases del proceso, se fomenta una economía local robusta basada en energía descentralizada y liderada por iniciativas locales coherentes y coordinadas.
La verdadera transición energética trasciende la instalación de tecnología sostenible: debe ser un proceso que transforme la arquitectura financiera global, asegurando que las decisiones de hoy guarden total armonía y coherencia con el futuro que aspiramos construir.
