Si algo debe reconocerse a la NDC 3.0 es que, por primera vez en mucho tiempo, México presenta una visión articulada de su futuro eléctrico. En política pública —y especialmente en movilidad— la visión no es un adorno: es el punto de partida de cualquier transformación. Tras años de diagnósticos inconexos, mesas de trabajo interminables y estrategias que nunca aterrizaron, encontrar en la NDC un conjunto de compromisos coherentes es, al menos, una señal de intención.
La lista de medidas es amplia. Incluye la sustitución progresiva de autobuses y camiones contaminantes, la creación de una red pública de electrolineras, la instalación de corredores eléctricos para el transporte de carga, la expansión de sistemas masivos electrificados y proyectos como las Rutas del Bienestar. También aparecen el impulso a la producción nacional de vehículos eléctricos y la actualización de la NOM-163 para autos ligeros, así como el compromiso —todavía tímido— de desarrollar una norma de eficiencia para vehículos pesados. Y, por fin, se promete publicar la tan esperada Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), que durante el sexenio pasado acumuló buenas intenciones y cientos de reuniones, pero poca concreción.
Pero cuando pasamos del discurso a la operación, emerge un patrón familiar: la NDC 3.0 está redactada en esa jerga burocrática mexicana que todos conocemos bien. Una jerga llena de verbos suaves, comoimpulsar, promover, fomentar, fortalecer y sustituir progresivamente. Palabras que suenan bien, que generan titulares… pero que rara vez generan obligaciones. Es un lenguaje cómodo para anunciar, incómodo para ejecutar y totalmente insuficiente para transformar un sistema de transporte que ya no soporta más parches.
El problema central es la ausencia de metas cuantificables. A diferencia de Europa, China o California —que establecen porcentajes claros de ventas cero emisiones o calendarios para la eliminación de vehículos de combustión—, la NDC mexicana no especifica cuántos vehículos eléctricos se incorporarán, ni en qué plazo ni qué metas habrá para 2030. Sin números, cualquier compromiso corre el riesgo de convertirse en una aspiración.
Las matemáticas sirven como brújula.Para acercarse a los objetivos anunciados internacionalmente, México tendría que multiplicar pordiez la penetración de vehículos ligeros eléctricos en cinco años y porcien la de vehículos pesados. Hoy, los eléctricos ligeros, considerando híbridos, representan 5% del mercado y los pesados apenas el 0.3%. Sin una red nacional de carga, sin presupuesto asignado y sin mandatos regulatorios claros, estas trayectorias no son imposibles… pero sí profundamente improbables.
Mientras tanto, las empresas avanzan por su cuenta, los gobiernos estatales experimentan con pilotos y surgen esfuerzos aislados —como el programa para renovar 400 taxis eléctricos en el Estado de México— que muestran voluntad, pero no escala.
La credibilidad de la NDC 3.0 dependerá de algo muy simple y difícil: convertir los verbos aspiracionales en verbos obligatorios. Eso requiere presupuesto multianual, mecanismos de seguimiento, acuerdos con el sector privado para desplegar infraestructura de carga y decisiones fiscales valientes, como reorientar parte del subsidio a la gasolina al transporte público multimodal.
La visión está. Lo que falta es convertirla en realidad. Porque la electromovilidad necesita más que discursos inspiradores. Necesita políticas financiadas y acciones firmes que transformen el sistema de transporte y, con él, la vida diaria de millones de mexicanas y mexicanos.
