En la era de la transición energética y la revolución digital, el poder ya no se mide únicamente por la capacidad de proyectar fuerza militar, sino por el control de unos elementos químicos casi invisibles pero omnipresentes: las tierras raras. Éstas no son un único compuesto, sino que son 17 minerales esenciales para la fabricación de objetos electrónicos, desde un teléfono móvil hasta un misil o una turbina eólica. Se han convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI. Es por ello por lo que su disputa no es sólo un problema de oferta y demanda: es un tablero de ajedrez geopolítico que desafía los cimientos mismos del derecho internacional.
La distribución geológica de estos minerales es caprichosa y no respeta la jurisdicción de los estados. China, que posee las mayores reservas y domina más del 80% del procesamiento mundial, ha ejercido su soberanía no sólo para desarrollarse, sino como una herramienta de política exterior, generando lo que algunos académicos denominan la«cartelización« de un recurso estratégico.
Este dominio plantea una pregunta crucial: ¿estamos ante un uso legítimo de la soberanía o ante una vulneración del espíritu de cooperación internacional que promueve la carta de las Naciones Unidas? Si bien un Estado tiene derecho a explotar sus recursos como mejor le parezca, la interdependencia económica mundial ha creado una expectativa de estabilidad en las cadenas de suministro. Cuando esa estabilidad se utiliza como arma, se tensa el principio de la«obligación de cooperar« para la paz y la seguridad internacionales.
La respuesta de Occidente, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido diversificar sus fuentes de suministro y rescatar su propia industria minera. A raíz de esta concepción emerge otro concepto jurídico, el de la inversión extranjera y la protección de los inversores bajo tratados bilaterales. Sin embargo, el resurgir de la minería local choca de frente con las normativas ambientales más estrictas. La paradoja es evidente, para salvar el planeta con energías verdes, necesitamos extraer minerales de forma masiva, a menudo en territorios con una fuerte protección jurídica y cultural.
No siendo suficiente lo anterior, la batalla se libra en el terreno de la OMC. Las restricciones a la exportación impuestas por China han sido objeto de disputas jurídicas y han sido falladas. Pero la realidad demuestra que las sentencias, aunque vinculantes, tardan años en materializarse y a menudo chocan con larealpolitik, por lo que la ley, en este contexto, parece ir siempre un paso por detrás de la geopolítica.
La batalla por las tierras raras no es una simple guerra comercial, es una crisis de gobernanza global. El derecho internacional se encuentra ante el desafío de conciliar la soberanía estatal con la necesidad de un acceso equitativo y estable a recursos que son esenciales para el bien común global, como la lucha contra el cambio climático. Si no se fortalecen los mecanismos multilaterales y se actualizan las normas sobre inversión, comercio y medio ambiente, corremos el riesgo de que el siglo XXI se defina no por el imperio de la ley, sino por el pulso de poder entre unos pocos estados que controlan lo invisible.
La comunidad internacional debe actuar para evitar que la transición ecológica se convierta en una fuente aún mayor de conflicto.
