La transición energética en América Latina y el Caribe no se juega únicamente en turbinas, paneles o decretos ministeriales; se juega en pizarras universitarias, en laboratorios donde jóvenes prueban materiales nuevos, en talleres donde las ideas se convierten en prototipos y en conversaciones entre científicos, ingenieros y soñadores que creen que la región puede construir su propio futuro energético. El destino energético de América Latina no se decide en las cumbres internacionales, sino en las aulas, donde la curiosidad, el rigor y la creatividad confluyen en proyectos que pueden transformar realidades.
Durante las últimas décadas, América Latina ha construido una de las matrices eléctricas más limpias del planeta. En 2024, 69% de la electricidad regional provino de fuentes renovables, una cifra que, según la Red de Política de Energía Renovable para el Siglo XXI (REN21) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), nos coloca muy por encima del promedio global. Sin embargo, este liderazgo se sostiene en una base frágil: gran parte de esta generación depende de infraestructura hidroeléctrica antigua, amenazada por sequías cada vez más severas y por los efectos del cambio climático. Si la región aspira a mantener su posición de vanguardia, deberá añadir alrededor de mil quinientos gigavatios de capacidad renovable acumulada hacia 2050, una meta que sólo será posible si el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico se convierten en los cimientos de la nueva economía energética.
La investigación y el desarrollo (I+D) son el corazón de esta transformación. La ciencia aplicada, la innovación universitaria y la transferencia tecnológica son las verdaderas fuerzas motrices de la transición. En universidades desde México hasta Chile, investigadores y estudiantes experimentan con nuevos materiales, crean algoritmos para mejorar la eficiencia energética, diseñan baterías más duraderas, desarrollan sistemas de hidrógeno verde y modelos de electromovilidad adaptados a los contextos locales. Es ahí, en los espacios donde el conocimiento se encuentra con la necesidad, donde se produce el cambio más profundo.
Un ejemplo tangible de este proceso es Reborn Electric, una empresa chilena que nació literalmente en una cochera y con recursos muy limitados, pero con una visión ambiciosa: crear autobuses eléctricos a partir de unidades diésel fuera de circulación. Lo que comenzó como un proyecto artesanal se convirtió, gracias al trabajo sostenido en investigación y desarrollo, así como a una estrecha colaboración con universidades chilenas, en una planta con la capacidad de producir hasta doscientos autobuses eléctricos por año. Su tecnología, totalmente desarrollada en el país, hoy compite a nivel global con el mercado chino, demostrando que el talento latinoamericano puede generar soluciones de clase mundial cuando se apoya en la ciencia y la academia. Reborn Electric representa el espíritu de esta nueva generación de empresas: jóvenes ingenieros y científicos que no esperan a que el cambio venga de afuera, sino que lo construyen con sus propias manos.
Cada autobús eléctrico que circula por Santiago es, en realidad, una lección de innovación aplicada. Es la prueba de que la cooperación entre la industria, el Estado y la academia puede convertir ideas en resultados tangibles. Detrás de cada vehículo hay años de investigación, de simulaciones en laboratorios, de pruebas de resistencia, de diseño electrónico y mecánico y de ingenio colectivo. Hay universidades que apostaron por abrir sus puertas a la industria, profesores que guiaron investigaciones sobre eficiencia energética, estudiantes que se quedaron hasta tarde modelando flujos eléctricos o programando sistemas de gestión de baterías. La electromovilidad en Chile no nació de una decisión política aislada, sino de un ecosistema que entendió que el conocimiento puede y debe ser la base del progreso.
Este tipo de historias deberían multiplicarse en toda la región. América Latina no puede limitarse a consumir tecnología importada: debe crearla. Brasil ya lo está haciendo con su revolución solar distribuida, que se quintuplicó en cinco años; México con sus clústeres de innovación en energía solar y eólica; Colombia con su apuesta por proyectos de hidrógeno y almacenamiento; y Chile, que busca consolidarse como líder mundial en producción de hidrógeno verde con una meta de veinticinco gigavatios de capacidad de electrólisis hacia 2030. Son señales de una región que empieza a creer en su propia capacidad de diseñar soluciones energéticas.
El desafío, sin embargo, sigue siendo enorme. La Agencia Internacional de Energía reportó que el mundo instaló 473 gigavatios de nueva capacidad renovable en 2023, el mayor salto en la historia, y América Latina debe acelerar si quiere mantenerse a la par. Para lograrlo, las universidades tendrán que actualizar sus programas de estudio, fomentar la interdisciplinariedad y preparar a una generación capaz de trabajar en sistemas energéticos que aún no existen. Se necesitan ingenieros que comprendan la lógica de los datos, economistas que sepan de almacenamiento, comunicadores que puedan traducir la ciencia en acción colectiva y técnicos con la destreza para implementar soluciones en campo.
La transición energética no será sólo tecnológica, sino también cultural. Requiere de una educación que enseñe a pensar en términos de sostenibilidad, que promueva la ética del consumo responsable y que entienda la energía como un derecho y no sólo como un bien económico. En una región marcada por desigualdades profundas, la energía puede ser una herramienta de equidad si se democratiza el acceso al conocimiento. Por eso, las universidades deben convertirse en actores sociales, no únicamente en centros académicos: tienen la responsabilidad de compartir sus investigaciones, abrir sus laboratorios y vincular la ciencia con las necesidades reales de las comunidades.
La experiencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo muestra el potencial de estas sinergias: más de cincuenta millones de personas han accedido a energías renovables y veintiséis millones más utilizan energía con fines productivos gracias a proyectos apoyados por cooperación internacional. Si esos logros fueron posibles con alianzas institucionales, imagina lo que podría conseguir una red de universidades latinoamericanas coordinadas, compartiendo datos, tecnologías, metodologías y talento joven.
La energía, como el conocimiento, sólo tiene valor cuando fluye. Por eso, las universidades latinoamericanas deben asumir el papel de arquitecta de la transición energética, no como observadoras pasivas, sino como motores activos del cambio. No basta con publicar artículos científicos o presentar ponencias; se trata de transformar ideas en tecnología, tecnología en empleo, y empleo en bienestar. La investigación debe salir de los laboratorios para circular en las calles, alimentar autobuses eléctricos, optimizar redes, reducir emisiones y, sobre todo, inspirar a más jóvenes a creer que desde la ciencia se puede cambiar el mundo.
La transición energética no se resolverá únicamente con inversiones ni con discursos, sino con inteligencia colectiva. Se resolverá en los espacios donde la ciencia se encuentra con la acción, donde la curiosidad se convierte en política pública, donde la innovación se transforma en soberanía. América Latina tiene todo para lograrlo: el talento, los recursos naturales y la urgencia histórica de hacerlo, sólo necesita confianza en su propia capacidad de investigar, de crear y de liderar.
Porque el verdadero laboratorio de la transición no está en el extranjero: está aquí, en nuestras universidades, en los talleres donde estudiantes, científicos y emprendedores reescriben con determinación y conocimiento el destino energético de toda una región. Ese laboratorio invisible se llama academia latinoamericana.