1. El otro huachicol
Durante años, el término huachicol evocaba imágenes de tomas clandestinas, ductos perforados y operativos militares. Pero hoy, el verdadero drenaje financiero del Estado mexicano proviene de otra fuente: el huachicol fiscal, la evasión sistemática del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) en la importación y comercialización de combustibles.
El impacto es monumental. De acuerdo con estimaciones recientes, el país perdió 32,300 millones de dólares, equivalentes a 600 mil millones de pesos —aproximadamente el 1% del PIB nacional—. Con ese monto se podrían financiar 12 líneas del Tren Maya, 30 hospitales de alta especialidad o todo el programa de pensiones para adultos mayores durante un año.
2. La mutación del huachicol
Hasta 2018, el robo se centraba en los ductos de Pemex. Sin embargo, con el fortalecimiento de la vigilancia física, el fenómeno migró a las aduanas. Desde 2019, la manipulación de facturas y la subvaluación en importaciones sustituyeron la toma clandestina por el fraude fiscal. El huachicol tradicional cedió su lugar al huachicol fiscal, mucho más rentable, discreto y difícil de rastrear.
3. El caso del diésel: la gran fuga invisible
El contrabando de diésel alcanzó en promedio 43.7 mil barriles diarios, es decir, uno de cada diez litros consumidos en el país provino del mercado ilegal. El punto más alto se registró en 2021, con 88 mil barriles diarios, lo que representó 30% del consumo nacional.
El impacto fiscal total entre 2019 y 2024 asciende a 6,700 millones de dólares, desglosados en:
– 2,560 millones de dólares por IVA.
– 4,170 millones de dólares por IEPS.
Cuando el gobierno redujo el IEPS en 2022 y 2023, el incentivo para evadirlo se desplomó y, con ello, también el contrabando. La ecuación fue simple: sin diferencial fiscal, el huachicol deja de ser negocio.

4. La otra mitad: la gasolina
El huachicol fiscal también golpeó al mercado gasolinero. Entre 4% y 10% del consumo nacional provino de importaciones ilegales o ventas sin el debido pago de impuestos, alcanzando su pico en 2021 con 10% del mercado total.
El impacto fiscal acumulado entre 2019 y 2024 se estima en 4,000 millones de dólares, integrados por:
– 1,570 millones de dólares por IVA.
– 2,460 millones de dólares por IEPS.
A pesar del crecimiento del parque vehicular, el mercado formal perdió participación frente a un flujo de combustible más barato y sin carga impositiva.
5. El balance del sexenio
Sumando las pérdidas fiscales y operativas:
– Hacienda perdió 14,950 millones de dólares (IEPS + IVA).
– Pemex perdió 17,300 millones de dólares por robo físico de combustibles.
Total: 32,300 millones de dólares, equivalentes a 600 mil millones de pesos. Esto es lo mismo que una recesión silenciosa, provocada por la impunidad fiscal y energética.
6. Las tres fallas del Estado
- Falla de fiscalización: aduanas y SAT rebasados por redes sofisticadas que operan en múltiples fronteras.
2. Falla de política energética: Pemex pierde mercado frente a combustible ilegal más barato.
3. Falla de Estado: se defiende la soberanía energética sin asegurar la soberanía fiscal.
El huachicol fiscal no se combate con soldados vigilando ductos, sino con inteligencia aduanal, trazabilidad digital y coordinación interinstitucional.
7. Conclusión: un punto del PIB perdido
El huachicol fiscal drenó recursos, desincentivó la competencia leal y debilitó la base financiera del Estado mexicano. Recuperar ese 1% del PIB exige una estrategia nacional de legalidad energética, basada en tres ejes:
– Aduanas energéticas integradas con inteligencia fiscal.
– Coordinación efectiva entre la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Energía.
– Digitalización y trazabilidad del IEPS desde origen hasta venta final.
Concluyo recalcando: “No hay transición energética posible sin legalidad fiscal”.

