La transición energética global se ha orientado principalmente a descarbonizar la matriz eléctrica y, en paralelo, a impulsar la electrificación de sectores clave: transporte, calefacción y procesos industriales, mediante el reemplazo de la combustión directa de combustibles fósiles por la electricidad. Esto evidencia que, al tiempo que se consolida una matriz energética dominada por fuentes renovables, los países confían en la solidez y capacidad del sistema eléctrico para proveer la energía necesaria que permita sostener el desarrollo económico y elevar la calidad de vida de la sociedad.
Los mercados eléctricos, ahora más que nunca, deben prepararse para hacerle frente a los desafíos de la ciberseguridad en medio de un mundo agitado por el rompimiento de las estructuras geopolíticas convencionales. Este proceso depende en gran medida de tecnologías digitales como las redes inteligentes, los dispositivos del Internet de las Cosas, la automatización y el análisis de datos en tiempo real para mejorar la eficiencia, integrar fuentes de energía variables y gestionar la demanda. Sin embargo, esta digitalización crea un vínculo directo con la ciberseguridad, ya que amplía la superficie de ataque para las ciberamenazas, lo que hace que la infraestructura energética esté más interconectada, automatizada y vulnerable a las interrupciones causadas por ciberdelincuentes.
La transición energética introduce sistemas ciberfísicos donde los activos físicos, como las centrales y redes eléctricas, se controlan a través de redes digitales, incluyendo flujos de energía bidireccionales desde paneles solares en tejados o vehículos eléctricos, hasta la red eléctrica. Estos intercambios constantes de datos pueden ser sujetos a ciberataques que causen daños físicos, como apagones o fallos en los equipos.
El sector energético invierte cada vez más en ciberseguridad y en Tecnología Operativa para el monitoreo y control de procesos, debido al aumento de amenazas mayormente asociadas a información del sector que reside en la nube. Como el ataque fallido al sistema eléctrico de Polonia en diciembre de 2025, donde un grupo de hackers llevó a cabo una intrusión con intensión destructiva a tecnología operativa de parques eólicos, instalaciones solares e instalaciones de cogeneración.
Prepararse para este escenario requiere un incremento en los gastos de seguridad para proteger la información y operación de los mercados eléctricos. Conjuntamente, se requiere de una oferta educativa que habilite profesionales en ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial dentro del sector energético.
Si bien la fuerza laboral total en ciberseguridad es de aproximadamente 5,5 millones de personas nivel mundial, según el Sistema International de Certificación de Seguridad se estima que la fuerza laboral total en ciberseguridad en América Latina fue de alrededor de 1.2 millones de profesionales en el 2024, más no se tienen datos exactos de la cantidad de estos que trabajan en el sector energético.
La ciberseguridad genera confianza en consumidores e inversionistas, al tiempo que habilita la innovación en microrredes y generación distribuida, convirtiéndose así en un factor clave para acelerar la descarbonización. Para proteger la infraestructura del sector eléctrico es indispensable gestionar vulnerabilidades en redes inteligentes, adoptar blockchain para la seguridad de datos e incorporar la ciberseguridad de manera integral en políticas públicas y estándares sectoriales. Esto demanda una colaboración global coordinada que permita anticipar y mitigar amenazas cada vez más frecuentes.
IRENA llevó a cabo un análisis de las políticas, planes y estimaciones existentes para 189 países, donde se afirma que se alcanzarán alrededor de 8350 gigavatios de capacidad renovable al 2030, los cuales deben ser 100% blindados con ciberseguridad.
El éxito de la transición energética radica en la ciber resiliencia y en priorizar marcos integrados nacionales y regionales de ciberseguridad para garantizar una transición inequívoca hacia la energía sostenible al evitar disrupciones que afecten la seguridad energética, la estabilidad económica y los objetivos climáticos.
